El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha el proceso de consulta pública previa para reformar la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Dentro del paquete de modificaciones normativas, la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se ha convertido en una de las prioridades debido al preocupante aumento de prácticas delictivas en el territorio nacional.

A continuación, se detallan los ejes clave sobre los que pivotará la nueva regulación para el sector de la construcción.

El problema: Vertidos ilegales en suelo rústico

El Gobierno denuncia abiertamente un incremento en el abandono ilegal de escombros y RCD en parcelas de tipo rústico. Esta práctica no solo genera un grave impacto ambiental y paisajístico, sino que abre un complejo conflicto legal cuando no se puede identificar al autor material del vertido.

Bajo el marco jurídico actual, la responsabilidad administrativa de la limpieza y gestión de esos residuos recae directamente sobre el poseedor del terreno (el titular catastral de la parcela). Ante la injusticia y la ineficacia que esto supone para frenar a los infractores reales, la consulta pública busca definir nuevas medidas sancionadoras y preventivas para erradicar estos focos de vertido.

El debate sobre la trazabilidad: ¿Suficiente o ineficaz?

La futura reforma legal pone bajo la lupa los sistemas actuales de control. El MITECO ha lanzado dos preguntas críticas al sector y a los ciudadanos para diseñar la nueva ley:

• Insuficiencia del modelo actual: Se cuestiona abiertamente si las medidas vigentes de trazabilidad de los RCD garantizan realmente que el residuo viaje desde la obra hasta una planta de tratamiento autorizada.
• El reto de la burocracia: Se buscan fórmulas para mejorar el rastreo digital y físico de los escombros, pero con la condición estricta de que esto no suponga una carga administrativa excesiva o inasumible para las empresas constructoras y reformistas.

El endurecimiento del régimen sancionador

La reforma no solo busca optimizar la gestión, sino también castigar con mayor dureza el fraude. La entrada en vigor de nuevas normativas europeas obliga a España a actualizar y dar coherencia a su régimen de control y sanción. Se prevé una redefinición de las infracciones para que el abandono de RCD reciba castigos económicos y administrativos verdaderamente disuasorios.

¿Cómo enviar propuestas sobre RCD?

El sector de la construcción, las asociaciones ambientales y cualquier ciudadano afectado pueden remitir sus opiniones y soluciones técnicas al ministerio para dar forma al texto definitivo de la ley.

• Canal oficial: Envío por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
• Identificación: Es obligatorio incluir nombre, organización, teléfono y correo electrónico de contacto.
• Plazo: El periodo para presentar alegaciones y sugerencias expira el 3 de septiembre de 2026.